Comunicado público sobre posible reactivación de aspersiones aéreas de glifosato

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Comunicado a la opinión pública sobre la posible reactivación de las aspersiones aéreas de glifosato sobre cultivos de uso ilícito

Jueves 11 de julio de 2019

Frente a las declaraciones del Gobierno Nacional sobre la posible reactivación de las Aspersiones Aéreas con Glifosato (AAG), el conjunto de autoridades y organizaciones sociales, académicas, políticas y étnicas firmantes rechazamos enfáticamente la posición gubernamental de promover esta nociva, ineficaz y autoritaria medida, y exigimos al gobierno el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz referente al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), así como la creación de nuevos espacios de concertación que permitan la inclusión del conjunto de cultivadores en planes efectivos de sustitución. Reclamamos la apertura de canales de diálogo con comunidades y autoridades locales que permitan resolver de forma efectiva, segura y concertada el problema de los Cultivos Declarados de Uso Ilícito (CDUI) en todos los territorios afectados.

Para la solución del problema se debe partir de un balance claro de la política nacional e internacional antidrogas. Es necesario reconocer que las AAG han sido una de las medidas más nocivas, por su baja costo-efectividad y su alto impacto sobre el modo de vida de las comunidades rurales afectadas, que en muchos casos se han visto desplazadas por esta medida de guerra que atenta contra la vida en su conjunto. Exigimos al Gobierno Nacional que, en vez de intensificar el conflicto en los territorios a través de medidas violentas y autoritarias, dé respuestas efectivas ante el genocidio de líderes sociales, muchos de los cuáles han sido promotores del PNIS victimizados por los actores ilegales que promueven la persistencia del cultivo, y dedique su esfuerzo a cumplir de manera integral los puntos del Acuerdo Final como el principal instrumento para la solución definitiva del
problema de las drogas.

Sobre la controversia por la evidencia sobre la seguridad del glifosato, discrepamos del Informe presentado por la Universidad Sergio Arboleda y rechazamos todo ejercicio que manipule la información, fabrique evidencia por encargo y se pliegue a los intereses de las industrias productoras de agrotóxicos. A la luz de los conocimientos acumulados, el informe en mención se torna un ejercicio irresponsable, dado que pone en riesgo la vida de cientos de miles de ciudadanos, el ambiente y el proceso de paz. La evidencia levantada por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), institución perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, los estudios presentados a la Corte Constitucional en audiencia pública, así como los ejercicios de investigación más serios que ha realizado el Instituto Nacional de Salud colombiano, y que han pretendido ocultarse, son contundentes: el glifosato es un carcinogénico relacionado con múltiples formas de esta enfermedad en humanos y animales, y no es posible garantizar que no produzca daños considerables sobre los ecosistemas donde se fumiga, ni evitar la afectación de recursos hídricos, suelos y fauna, y en la estabilidad y equilibrio ecosistémicos.

Exigimos al Gobierno Nacional la creación de un comité de expertos, autónomo y con recursos suficientes, para realizar un ejercicio serio y sistemático de medición de impactos sociales, ecológicos y epidemiológicos de las AAG. Este comité deberá ser interdisciplinario e incluir expertos en toxicología, salud pública, salud ambiental, edafología, biología, agroecología, biología y derechos humanos entre otros, además de representantes de la sociedad civil y de las comunidades afectadas. La elección de los representantes, así como su forma de funcionamiento, deberán ser definidas de forma transparente para garantizar que se le diga al país la verdad sobre el uso de glifosato para la erradicación de los CDUI.

De esa forma, el Gobierno Nacional podría responder parte de las exigencias de la Corte Constitucional que mantiene la prohibición de las AAG a través de la sentencia T-236 de 2017 por considerar que atentan contra los derechos fundamentales de la salud, a un ambiente sano y a la consulta previa de las comunidades afectadas, y aplica el principio de precaución. Cabe recordarle a la Presidencia de la República, así como al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y a las autoridades policiales, que no han cumplido con los estudios requeridos por la Corte, y por lo tanto, cualquier medida que viole la suspensión de las AAG no sólo es ilegal e inconstitucional, sino que se constituye en un nuevo ataque contra la autonomía del poder judicial, poniendo en riesgo el Estado de Derecho.

El Gobierno Nacional sabe que las actuales medidas de erradicación manual forzada y esta nueva amenaza de reactivación de las AAG aumentan la crisis económica en los territorios, generan conflictos internos en las comunidades y le permiten a los actores armados e ilegales incrementar las violencias asociadas a los CDUI. Esto nos hacen pensar que su interés de fondo no es la solución al problema de las drogas, sino su perpetuación y la connivencia con estrategias de desplazamiento y despojo de territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, ricos en recursos como petróleo y minerales, sobre los que existen fuertes intereses económicos que no hacen más que atizar el conflicto.

Ante este panorama las comunidades afectadas han comenzado nuevas movilizaciones de protesta, rechazando la reactivación de la erradicación y las AAG, exigiéndole al Gobierno Nacional que cumpla con el Acuerdo de Paz y los programas que de este derivan como garantías de derechos y de no repetición. Llamamos a evitar nuevos derramamientos de sangre por la vía del diálogo social.

Convocamos a la comunidad nacional e internacional a adelantar acciones de veeduría y acompañamiento de las comunidades en riesgo, y a exigir del Gobierno colombiano el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones. Los firmantes adelantaremos diversas acciones sociales, jurídicas y políticas en el mismo sentido, para evitar que se siga afectando a las comunidades y a la naturaleza con una nueva tormenta de veneno.

NUNCA MÁS ASPERSIONES AÉREAS CON GLIFOSATO
SÍ AL DESARROLLO RURAL, A LA PAZ Y A LA VIDA

FIRMANTES
AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES
1. Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofania jardines de Sucumbios
2. Corporación para la investigación en salud y la transformación social – Abran la Puerta
3. Colectivo regional de apoyo a la Vía campesina, Antioquia
4. Corporación Geoambiental Terrae
5. Viva la Ciudadanía
6. Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT)
7. Fundación por la Defensa de los Derechos del Oriente Colombiano (DHOC), Guaviare
8. El Enjambre
9. Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC), Seccional Bogotá
10. Juventud Rebelde
11. Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (CORDOSAC)
12. Coordinadora de Cultivadores de plantas declaradas de uso ilícito (COCCAM)
13. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO)

AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS
14. Yuri Quintero – Diputada de la Asamblea Departamental, Putumayo
15. Carlos Mauricio Llantén – Diputado de la Asamblea Departamental, Putumayo
16. Consejo Nacional de Reincorporación – Partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC)
17. Julio Armando Fuentes – Integrante del Consejo asesor territorial del PNIS para el Guaviare y el sur del Meta
18. Victoria Sandino Simanca Herrera, Senadora del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES ACADÉMICAS
19. Mario Esteban Hernández Álvarez, Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Coordinación del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia
20. Tomás Enrique León Sicard, Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia. Director Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA)
21. Carmenza Castiblanco, Susana Barrera Lobatón y Rosario Rojas, Profesores del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.
22. Grupo de Investigación de Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social
23. Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
24. Observatorio Sobre Infancia de la Universidad Nacional de Colombia
25. Nodo de Agrotóxicos de la Red Colombiana de Salud Colectiva
26. Centro de Estudios de Territorio y Ciudad
27. Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES)
28. Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonía
29. Juan Carlos Eslava, Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Director de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Nacional
30. María Teresa Buitrago Echeverri. Docente Investigador. Maestría en Salud Pública y Desarrollo Social. Fundación Universitaria Área Andina
31. César Abadía Barrero, Profesor Asociado, Instituto de Derechos Humanos y Departamento de Antropología, Universidad de Connecticut
32. Gabriel Jaime Otálvaro Castro, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia
33. Liliana Henao Kaffure, Investigadora en Estancia posdoctoral, Universidad Nacional de Colombia
34. Luz Dolly Lopera, Profesora Universidad de Antioquía
35. Dora Cardona Rivas, Universidad Autónoma de Manizales
36. Sandra Milena Agudelo Londoño. Profesora investigadora, Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana
37. Román Vega Romero, Pontificia Universidad Javeriana
38. Samuel David Osorio García, Md, MSc Salud Pública – Salud Ambiental, Voces 2030.

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