Crece inconformidad por incumplimiento del Programa de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito- PNIS

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Voceros de los cocaleros en Caquetá denunciaron este viernes 1 de marzo, a través del espacio radial Puntos de Encuentro de la Oficina de Paz, que no solo persisten los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en la implementación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, sino que además esta situación ha degenerado en problemas mucho más graves.

Rigoberto Abello Rodríguez, encargado de la secretaría técnica de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, capitulo Caquetá, expresó su preocupación por la demora en los pagos de incentivos financieros a quienes se acogieron al programa, lo que a su vez afecta el desarrollo de etapas pendientes, como el proyecto de seguridad alimentaria. Ejemplo sensible de las dificultades por resolver es La Montañita, donde más de 80 personas están por fuera del proceso, pese a que han presentado toda la documentación pertinente.

La situación tiende a ser insostenible, debido a que aumenta la desconfianza en el gobierno y eso se traduce en mayor deserción de quienes son el grupo de interés de esta iniciativa. Como si eso fuera poco, persisten las amenazas y la violación de derechos humanos en los territorios; “tenemos nueve compañeros amenazados, dos desplazados, cuatro asesinados”, exclamó Abello con voz de alarma.

Vía telefónica, intervino el líder campesino Balbino Polo Hurtado para referirse a su experiencia frente a las intimidaciones mientras persiste en la defensa por la implementación del Acuerdo de Paz, sobre todo en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. Reconoció que el temor lo acompaña en su actividad diaria, debido a presiones que ya han trascendido a los diferentes espacios de defensa de derechos humanos.

“Se está obrando contra los campesinos, perseguidos y judicializados”, continuó Abello para hacer alusión al bloqueo de vías que se presenta en San José del Fragua en desarrollo de protestas de las comunidades campesinas, que no soportan más la falta de respuesta a sus reiteradas reclamaciones. “Hay falta de recursos, no entendemos por qué”, se quejó el dirigente de Coccam explicando que las reclamaciones tienen como soporte el Conpes 3932.

En cifras redondas, a nivel departamental, de unas 22 mil familias que estaban inscritas, en la actualidad solo hay 10 mil, de las cuales solo reciben incentivos financieros alrededor de 6 mil; es decir, menos del 30% del total inicial. “Hay incertidumbre por lo que suceda con los otros componentes del programa”, dijo  Rigoberto Abello Rodríguez visiblemente inconforme por la suerte que pueden correr quienes luchan por su subsistencia; “esto genera que la gente sea presa fácil de compañías que en cierta forma pretenden remplazar al Estado, lo que va en contravía de los acuerdos”, concluyó al referirse a la presencia de multinacionales.

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