Cumbre Nacional de Víctimas: ¡Parar el desangre y el dolor de un pueblo que no quiere más guerra!

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Con la participación de 1400 víctimas provenientes de todos los rincones del país, los asistentes a la II Cumbre de Víctimas del conflicto Armado, hemos discutido en comisiones de trabajo durante dos días  y escuchado las denuncias y propuestas de los y las delegadas y vemos con mucha preocupación los vientos de guerra que algunos sectores políticos en Colombia y algunos gobiernos del mundo quieren desatar desde nuestro territorio, sumergiendo a nuestro país en el desangre, sufrimiento y muerte que trae toda confrontación armada.
 
Vemos con preocupación cómo día tras día, el gobierno incumple lo pactado con la guerrilla de las FARC, en el acuerdo final de paz, lo que sin duda es preocupante porque significa un mal mensaje entre excombatientes y  siembra desesperanza en comunidades y organizaciones, que apostaron a construir la paz estable y duradera y ahora vemos como se impuso la consigna de hacer trizas los acuerdos y se empuja aterradoramente  al país a tiempos de la seguridad democrática, incremento de la impunidad y el autoritarismo, lo que significa una escalada guerrerista que hace continuar gastando millones de pesos en la guerra mientras se reduce el presupuesto a programas sociales y se intensifica la crisis de la economía del país. Las víctimas del conflicto vemos con mucha esperanza, el establecimiento del sistema integral de verdad, justicia y reparación integral, en especial la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la comisión de la verdad y la JEP, por esta razón respaldamos su labor y rechazamos todos los ataque desatados por quienes auspiciaron la guerra para su funcionamiento.
Hombres y mujeres participantes de la II Cumbre de Víctimas del Conflicto Armado rechazamos la forma en que los gobiernos vienen tratando a las víctimas del conflicto, negando la posibilidad para ellas accedan a su derecho a la reparación integral esta afirmación se sustenta en la creciente des financiación de la ley de víctimas (1448/11), lo que ha significado un retroceso en el acceso a los derechos de prevención, asistencia, atención, reparación efectiva, enfoque diferencial, restitución de tierras y protección oportuna a líderes y organizaciones y comunidades en riesgo y amenaza. La miserables cifras de cumplimiento de las metas después de 7 años de sancionada la ley de víctimas muestran claramente que para el gobierno actual, las víctimas y su situación son tema de poca preocupación.
 
Preocupa la ausencia de compromiso y voluntad política del actual gobierno, expresados en un sistemático desconocimiento del tema de víctimas en lo que hasta ahora se conoce del documento Bases del plan nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”. Este desconocimiento puede significar disminución efectiva en el presupuesto que sustenta hoy la implementación de la política pública de las víctimas, los planes, programas y proyectos orientados en la atención y reparación integral de las víctimas y una pérdida del reconocimiento y espacios que las víctimas han ganado en el país. Exigimos al gobierno el fortalecimiento del fondo de reparaciones con recursos provenientes del IVA, de las regalías y de las remesas internacionales y las incautaciones al narcotráfico, entre otras fuentes.
En general, los asistentes a la II Cumbre de Víctimas del Conflicto Armado, presentaron múltiples denuncias que constatan el franco retroceso en la atención a las víctimas, por parte de la Unidad de Víctimas, expresada en múltiples barreras de acceso para que las víctimas garanticen su derecho a la reparación efectiva, estableciendo entre otros: Criterios de priorización que en la práctica significan negociación al pago de la indemnización, igualmente hay un  franco retroceso en el cumplimiento de los enfoques diferenciales para la atención a mujeres, indígenas, afro descendientes y pueblos room, así como desconocimiento al reconocimiento a los incentivos de la participación efectiva de las víctimas en las mesas de víctimas. Vemos con preocupación, cómo persiste la desarticulación y falta de coordinación del “sistema integral” y en todo caso el aumento de la burocracia que se  vincula para la atención a las  víctimas mientras cada vez éstas, sienten más negligencia y falta de compromiso por parte de las instituciones. Respecto a las víctimas en el exterior, hasta ahora no existe un registro completo, ni siquiera se acerca a la realidad y las víctimas registradas son muy pocas  las que han sido indemnizadas de alguna manera, no ha habido ni restitución de tierras, ni bienes a causa del desplazamiento transfronterizo, derecho a la verdad y al seguimiento de las investigaciones sobre los asesinatos y persecuciones a líderes y defensores de derechos humanos obligados a abandonar el país, resarcimiento de los derechos laborales y profesionales de las víctimas en el exterior y retorno voluntario y con garantías.
Rechazamos las modificaciones que está introduciendo la UARIV para los procesos indemnizatorios individuales y colectivos, en la ayuda humanitaria inmediata y en al protocolo de participación efectiva
 
La discusión no puede ser, si se prorroga la vigencia de la ley, cuando el problema real es la falta de presupuesto, solicitamos eso sí, se reabra el registro de víctimas, se aumente el monto de las indemnizaciones, se fortalezca el programa de reparación colectiva y se brinden garantías reales para la participación efectiva.
 
Las victimas asistentes a las II Cumbre, solicitamos al gobierno nacional, se retome lo acordado para hacer efectivas las 16 curules para las víctimas en el congreso de la república, en los términos del acuerdo de paz y se establezcan curules especiales y transitorias en juntas administradoras locales, concejos municipales y asambleas departamentales, en los territorios afectados por el conflicto.
 
Desde aquí hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque para que disponga todo lo necesario y contribuya a encontrar una salida política a la crisis del hermano país de Venezuela, respetando el derecho de la soberanía de los pueblos a resolver autónomamente sus diferencias.  Así mismo hacemos el llamado al ELN y al gobierno a persistir en el diálogo como única salida para la terminación de la guerra en Colombia.
 
Igualmente la II Cumbre de Víctimas del Conflicto eleva su voz de exigencia al gobierno para que termine el genocidio en que se encuentran sometidos los lideres sociales, el movimiento de Derechos Humanos y las zonas donde hace presencia el ELN, así como las zonas donde hacía presencia las FARC EP, a la fecha se registran más de 400 asesinatos desde enero de 2017, también han aumentado la circulación de panfletos amenazantes y el incremento del desplazamiento y confinamiento de muchas comunidades. Expresamos la solidaridad con las familias de los asesinados y con las organizaciones y comunidades víctimas y revictimizadas por estas acciones. Y exigimos al gobierno de Iván Duque respuestas más eficaces para prevenir esta criminalización, así mismo, demandar de la fiscalía general de nación esclarecimiento de todos los crímenes y judicialización de los responsables materiales e intelectuales, igualmente exigir al gobierno eficacia en el desmonte de estructuras criminales del paramilitarismo que aún actúan a sus anchas por todo el territorio nacional. 
Llamamos a las organizaciones de derechos humanos, a las mesas de víctimas y a los millones de víctimas de la guerra, a participar en el encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas a realizarse en Bogotá los días 9 y 10 de febrero y a construir e  impulsar la más amplia movilización en cada municipio el próximo 9 de abril, para que se entreguen a la administración pliegos de exigencias a sus derechos.
 
Finalmente los delegados de la II cumbre, rechazamos la actitud de la Mesa Nacional de Víctimas, al no garantizar la organización y conducción de esta cumbre y solicitamos se acuerde la creación de una coordinación de víctimas que prepare para el mes de abril un congreso nacional de víctimas que impulse la movilización e incidencia política que permita efectiva restitución de los derechos a las víctimas.
 
Bogotá, 2 de febrero de 2019.
 
Alfonso Castillo Garzon 
Defensor de Derechos Humanos  

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