Justicia transicional (parte I)

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“Si alguien les pregunta por él,

dígale que quizás no vuelva nunca o que si regresa

acaso ya nadie reconozca su rostro”

Razones del ausente, Darío Jaramillo Agudelo

Han pasado dos semanas desde cuando el presidente Duque presentó las objeciones a la JEP. El retroceso es evidente. Rodrigo Uprimny, investigador y jurista colombiano, manifestó que las objeciones presidenciales son “prácticamente un desacato judicial”. En las facultades de Duque está objetar los proyectos de ley estatutaria por inconveniencia, pero hablar de inconstitucionalidad es un despropósito, máxime cuando la revisión de la Corte se hizo en los términos legales establecidos.

Los proyectos de leyes estatutarias son sometidas a un integral, automático y previo análisis de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, y el Presidente no puede irse en contra de la sentencia de la Corte, no puede intentar revivir contenidos declarados inconstitucionales y tampoco puede modificar la Constitución vía una ley estatutaria, pues estaría yendo en contra de la cosa juzgada constitucional y la supremacía de la Constitución. Esto porque la Constitución es una norma superior a una ley estatutaria. Para mi modo de interpretar el asunto, tres de las seis objeciones van claramente en contra de la sentencia de la Corte que revisó esa ley estatutaria (la Sentencia C-080/2018). Esto es una invitación a un desacato judicial[1].

Por el momento, nos preparamos para lo siguiente: primero, el Congreso debe estudiar las objeciones; segundo, el “choque de trenes” tendrá un capítulo especial, porque la Corte Constitucional ya había dado visto bueno a la norma y, a pesar de esto, Duque insistió en la objeción; y tercero, la JEP seguirá en boca de quienes hablan de acabarla porque “protege” a los victimarios. Adicionalmente, la campaña de odio contra la JEP, previo a elecciones, por parte del Centro Democrático, ha incrementado la polarización hacia un tribunal reconocido internacionalmente y de ejemplo para los conflictos que perduran en el mundo. Tan grave es la situación que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, ha solicitado al senador y dirigente de la colectividad política Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, “no acudir a estrategias de desprestigio y desinformación” y recordarle que “la paz requiere de espíritus sosegados, de un lenguaje democrático, sincero y conciliador”.

La JEP no se creó pensando la justicia igual a cárcel. En el centro están las víctimas y la consolidación de la paz, pues se trata del desarrollo del concepto de justicia transicional, buscando equilibrar la paz negociada y los derechos a las víctimas. Es clara la dificultad entre justicia y verdad, pero eso no significa la imposibilidad de proponer soluciones ante la errónea mirada de la aplicación del derecho penal en todas las instancias y momentos.

Por esto, en los próximos artículos reflexionaré sobre la justicia transicional para aclarar lo que hay de fondo en esta discusión álgida y malversada por sectores políticos enemigos de la paz. Ahora bien: por más de doscientos años, en Colombia, las guerras, hasta nuestros días, ha marcado la realidad nacional. La consolidación de la democracia ha estado en el derrotero político de las fuerzas tributarias para tal fin. Algunos hablarán del papel desempeñado por las Fuerzas Militares, otros de las acciones sociales organizadas y unos últimos, de las contradicciones agudizadas por la confrontación y el denuedo de sectores altruistas. La guerra por la distribución de la tierra y el reconocimiento de los derechos políticos del campesino entran en la realidad política y social del territorio.

Las graves conductas del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de imponer una pena a estas conductas llevaron al Tribunal de Núremberg a acuñar el término de ex post facto[2], según el principio “toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a una sanción”[3]. Sin embargo, sólo los máximos responsables fueron juzgados y condenados, esto en función de la prevención general positiva; o sea, el papel simbólico de la pena para la afirmación de los valores. Las principales finalidades de las penas en el derecho penal internacional no buscan la amonestación punitiva o la retribución, sino que su carácter está ubicado en el ejercicio simbólico al “impedir la impunidad, conseguir la reprobación pública y la estigmatización, y permitir que las víctimas confronten a sus agresores”[4].

Carlos Bernal Pulido, reconocido jurista, docente e investigador, ha planteado las paradojas de la justicia transicional. Originalmente la denomina aporía. Reconoce que el objetivo de la justicia transicional pretende la consolidación de un Estado democrático; aunque sus dificultades existentes no tienen solución: “(…) o la transición es exitosa pero la Constitución pierde su carácter permanente, o la Constitución mantiene su carácter permanente pero hace imposible la transición”[5]. Caminar por los senderos de la justicia transicional implica restringir los “principios básicos del constitucionalismo, la democracia y el Estado de derecho”[6], establecer exenciones o reducciones de penas ante las obligaciones jurídicas y posibilitar la participación política para afianzar el Estado democrático. Suena contradictorio, pero cerrar los espacios a las expresiones armadas e integrar sus participantes a la lógica estatal contribuye al marco normativo acorde con la Constitución y la democracia.

[1] Cerosetenta (26.03.2019). “Es falso que quien apoya la JEP está contra las víctimas”: Rodrigo Uprimny. Recuperado de https://cerosetenta.uniandes.edu.co/es-falso-que-quien-apoya-la-jep-esta-contra-las-victimas-rodrigo-uprimny/?fbclid=IwAR1EdlJ1DUF_3-0bMxnZfknpW-XEmSbmxI-54ej06TGnkUp0VcMnVAhwb38

[2] Después de hecho.

[3] Bernal, P. C.; Barbosa C. G.; Ciro A. R. (Ed.). (2016). Justicia transicional: retos teóricos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Ejército, Institucionalidad y Sociedad, Volumen 1, p. 19.

[4] Ibídem, p. 20.

[5] Bernal, P. C. (2016). La aporía de la justicia transicional y el dilema constitucional del marco jurídico para la paz. En Bernal, P. C.; Barbosa C. G.; Ciro A. R. (Ed.), Justicia transicional: retos teóricos (pp. 27-96). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Ejército, Institucionalidad y Sociedad, Volumen 1, p. 28.

[6] Ibídem, p. 29.

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