Justicia transicional (parte II)

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“Yo quiero implantar la camaradería tan frondosa como la

arboleda a lo largo de los ríos de América, al borde de

los grandes lagos, y por toda la superficie de las paraderas,

Yo quiero hacer inseparables a las ciudades, cada una pasando

su brazo alrededor del cuello de la otra”

Para ti, ¡oh democracia!, de Walt Whitman

Hablar de justicia transicional no es igual a derecho penal. La lucha contra el delito y la generación de “castigos” por los actos contrarios a la ley se traducen en articuladas acciones que no son exclusivas de la justicia penal. La verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición pueden ser consideradas bajo otra concepción de justicia, más allá de la lectura punitiva. La “crítica al carácter represivo y retributivo del derecho penal”[1], entonces, pone de manifiesto una dificultad al querer castigar los hechos cometidos en tan extenso período de conflicto armado, con tantos actores, con tanto dolor, rencor y, últimamente, polarizado. En el centro están las víctimas, pero en el proceso social está la transformación radical hacia un orden social y político, así como la reinserción democráticas para finalizar ya sea un régimen dictatorial o eliminar un conflicto armado, por lo tanto, conseguir la paz.

“En el caso colombiano actual, el tránsito de un prolongado conflicto armado a la convivencia pacífica supone la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional que, en lo que atañe al derecho penal, no constituya un instrumento de impunidad respecto de los delitos atroces ocurridos, pero que tampoco se convierta en un obstáculo para la reconciliación”[2].

La satisfacción está en construir un modelo de justicia que desarrolle los principios de verdad, reparación y garantías de no repetición, esta última ligada a la terminación de la confrontación armada. La justicia, que tanto vinculan con la pena, estará entre los pilares con una motivación especial y es que se justifica desde la idoneidad de su aplicación para que una persona o grupo que haya cometido algún delito no vuelva, a futuro, a reincidir en conductas punibles. En otras palabras, para prevenir futuros delitos que transgreda el orden penal establecido. “Mientras las tesis retributivas sobre la pena suelen gravitar en torno de la culpabilidad (de allí el merecimiento de la pena y su intensidad), las tesis preventivas no necesariamente se ocupan de esta cuestión”[3].

El concepto de justicia transicional hace referencia, según las Naciones Unidas, a

“(…) toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”[4].

Esta definición también se reconoce en la Sentencia C-579 de 2013 en relación al Acto Legislativo Nº 1 de 2012 que resolvió el problema de sustitución de la Constitución y afianzó el concepto de justicia transicional como un conjunto de procesos destinados a la transformación social y política del país tras la confrontación prolongada por el estado de guerra.

Por eso, en la metamorfosis política se crean procesos y mecanismos para la transición de una sociedad dentro de un marco legal y la resolución persigue el restablecimiento de las instituciones bajo el principio del Estado de Derecho, guiado por los objetivo de reconciliación, justicia y verdad, sin que uno limite al otro.

“Desde el punto de vista de la filosofía política, mediante la justicia transicional se busca restablecer la legitimidad del Estado que se ha perdido o que ha sido menoscabado a causa de la violación de los derechos humanos por parte de los organismos del Estado o del fracaso de la organización política en impedir que otros agentes perpetraran violaciones significativas de los derechos humanos”[5].

Para la Corte Constitucional la justicia transicional se entiende como

“(…) una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes”[6].

Desde la sociología también se puede entender como el proceso de movilización, de agitación conjunta y de identidad social. Es un tratamiento, una negociación, con tiempos para alcanzar acuerdos. “Los ‘enemigos’ se sientan a la mesa para fraternizar, para formalizar sus pretensiones y para pulsar su capacidad de negociación”[7]. En otras palabras, la justicia transicional se concibe como la restauración social de los principios rotos en la democracia estatal. Es un cambio institucional que opera entorno a la afirmación política en el Estado y a la recuperación de los derechos de las víctimas o afectados por el conflicto armado. “La justicia transicional surge entonces como una estrategia de resolución de conflictos y como tal, porta los rasgos de un nuevo contrato social”[8]. Además, dirigida a todos: a quienes hicieron parte como actores del conflicto armado y a la población que sufrió y los abriga en su seno para el tránsito pacífico.

[1] Saffon, M. P., & Uprimny, R. (2006). Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades. ¿Justicia Transicional sin Transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia, 132, pág. 6.

[2] Barbosa C. G. (2016). Justificación de la pena en la justicia transicional. En Bernal, P. C.; Barbosa C. G.; Ciro A. R. (Ed.), Justicia transicional: retos teóricos (pp. 97-195). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Ejército, Institucionalidad y Sociedad, Volumen 1.

[3] Ibídem, pág. 141.

[4] Naciones Unidas. (2014). Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales, pág. 5

[5] Méndez, J. E. (2012). Constitutionalism and Transitional Justice. En M. Rosendelf y A. Sajó (Ed.), The Oxford hadbook of comparative constitutional law. Oxford University Press.

[6] Sentencias C-771 de 2011; C-052 de 2012.

[7] Cataño, G. (2016). Justicia transicional: Una visión sociológica. En Bernal, P. C.; Barbosa C. G.; Ciro A. R. (Ed.), Justicia transicional: retos teóricos (pp. 197-246). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Ejército, Institucionalidad y Sociedad, Volumen 1.

[8] Ibídem, pág. 204.

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