Justicia transicional (parte III)

49

“Uno aprende a conocer sólo aquello que ama”.

Goethe

Los procesos de justicia transicional en la historia ha tenido diversos fenómenos: la transición independentista de Estados Unidos (1783) y Argelia (1962); la restauración del Estado después de la Segunda Guerra Mundial (posguerra); el paso a la democracia tras las dictaduras del Cono Sur (Latinoamérica); la caída del muro de Berlín y la etapa postcolonial en África (1979 y 1994)[1].

Teitel[2], identifica tres momentos en el proceso evolutivo de las “transiciones a la democracia”, que derivará en “justicia transicional”. La primera después de la Segunda Guerra Mundial. La segunda refiere a la transición en América Latina y Europa Oriental. La tercera ola está relacionada con los continuos conflictos presentados en diversos territorios a nivel mundial.

Así como históricamente están caracterizados los momentos de la justicia transicional, también es cierto que en el concepto se ha construido fines y mecanismos ante escenarios disímiles. Podemos afirmar que la justicia transicional tiene como fin asegurar los reconocimientos de los hechos violatorios del orden social, revelar la verdad, retribuir a las víctimas y reintegrar a individuos o grupos que hayan participado en el conflicto para reconciliar a los oponente y la sociedad en general. Todo bajo los principios del Estado de derecho: instauración del orden social y político, condiciones de paz y reconciliación, estabilidad democrática y protección a víctimas e individuos partícipes del conflicto.

En cuanto a los mecanismos, para Bernal, existen dos: “mecanismos de responsabilidad y mecanismos de transición política”. El primero busca reconocer los autores y los delitos cometidos (y conexos) en ocasión al conflictos para que rindan cuenta a través de procedimientos judiciales o extrajudiciales que pueden ser nacionales, internacionales o híbridos, mecanismos judiciales ordinarios o ad hoc como en Yugoslavia y Ruanda. Lo importante de estos mecanismos es la oportunidad para la participación de las víctimas, la proyección reconciliadora y el establecimiento de la verdad, la contribución restauradora del tejido social, así como la retribución a través de la participación de quienes vulneraron derechos en el marco del conflicto.

El segundo mecanismo es de transición política. No se centran en los procesos judiciales de esclarecimiento o rendición de cuentas sino en la consolidación futura de las instituciones a través de la paz y la reconciliación. Entre los mecanismos se encuentran todos los programas o leyes propuestas para la superación del conflicto[3].

Finalmente, el alcance de la justicia transicional no está en el carácter punitivo sino, por el contrario, en construir opciones teniendo como referencia el marco normativo internacional y las particularidades de los conflictos armados, especialmente, en un país como Colombia que ha transitado por más de 60 años de violencia. La transición polítia y social debe ser el derrotero antes de atomizar la restauración desde el derecho penal.

[1] Elster, J. (2006). Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica. MintRight Inc.

[2] Teitel, R. G. (2003). Transitional justice genealogy. Harv. Hum. Rts. J., 16, 69.

[3] Bernal, P. C. (2016). La aporía de la justicia transicional y el dilema constitucional del marco jurídico para la paz. En Bernal, P. C.; Barbosa C. G.; Ciro A. R. (Ed.), Justicia transicional: retos teóricos (pp. 27-96). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Ejército, Institucionalidad y Sociedad, Volumen 1, pp. 39-41.

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.