Las manzanas podridas del ejército colombiano

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Luego de que el país conociera las ejecuciones extrajudiciales como política contrainsurgente del gobierno Uribe, diferentes organizaciones e instituciones (nacionales e internacionales) recomendaron, para ese momento, la necesidad de depurar el ejército colombiano procurando una posible repetición de los crímenes. La exigencia era urgente debido a los evidentes nexos de miembros del ejército con paramilitares de la época. Posteriormente, se conocieron las decisiones presidenciales que no dejó de ser un “parto de los montes” porque de allí solo destituyeron a tres generales y una docena de miembros del ejército sin mayor relevancia, desviando la discusión de la responsabilidad por cadena de mando. Todo se dio rápidamente durante a visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas; como antesala a la aprobación del TLC y ante los cuestionamientos internacionales por violación a los Derechos Humanos en el gobierno.

Ahora bien, la medida no implicó mayor avance en la lucha contra la impunidad ni significó el establecimiento de un precedente que desligara las alianzas criminales del ejército y los grupos al margen de la ley. En cuanto a lo primero, la destitución no es suficiente para una institución obligada a respetar el mandato constitucional, no basta con retirar los militares, sino que se requiere garantizar los derechos a las víctimas, dentro de ellos la garantía de no repetición, la verdad y la justicia, ojalá en perspectiva restaurativa.

Varios fueron los casos documentados de colusión entre militares y grupos al margen de la ley, una realidad a gran escala, lastimosamente, que ofrecía razones de peso para abrir varias líneas de investigación judicial contra un número grande de militares y la depuración institucional con miras a la reivindicación ética y social. No son muchas las sentencias conocidas contra el ejército y problemático, adicionalmente, haber extraditado a los exjefes paramilitares como jugada de silenciamiento y desprecio a la verdad por parte de Uribe.

A pesar del legado oscuro del ejército y contra todo pesimismo, el proceso de paz con las FARC-EP permitió generar escenarios de reconciliación y diálogo entre los combatientes (militares y guerrilla) y la población civil, proporcionando oportunidades de encuentro entre los antiguos enemigos y los afectados por la guerra. Ante esta realidad, el informe publicado en el 2018 por la Fundación Ideas para la Paz retomó la necesidad del tránsito, transformación y nueva perspectiva del ejército, en el marco del contexto transicional que sostiene Colombia.

Este efectivo proceso determinaría el éxito institucional de ajuste a la visión estratégica con la sociedad tras varios años de violencia armada, pero, tristemente, el contexto es otro. Los nuevos planes militares ofensivos y de posicionamiento territorial, así como las acciones “defensivas” contra todo pone en presión al ejército, genera un riesgo y estanca la renovación doctrinal y operativa, dando mayor interés a la  confrontación, disminuyendo el pulso transformador que se requiere y retomando la guerra. Quedará obsoleto el Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CREI), el Comité Estratégico de Transformación e Innovación, (CETI), el Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF) y el Comando de Transformación Ejército del Futuro (COTEF), dentro del Plan de Transformación, si las líneas establecidas no contribuyen al éxito de los acuerdos de paz, la establidad y consolidacion territorial, tal y como lo había propuesto el ejército nacional desde el 2011, 2012, 2013 y 2016[1].

Ante los nuevos aires soñados parece que los heraldos negros están volviendo. Basta con mencionar el último hecho inhumano conocido por el país tras la muerte del excombatiente de las FARC-EP, Dímar Torres. Acto que pone de manifiesto la decadencia institucional, sobre todo por el modus operandi revelado luego de encontrar el cuerpo con tiros de fusil, uno de ellos le destrozó el cráneo, pantalones y ropa interior a la rodilla, emasculado y a punto de ser enterrado en una fosa por unidades del ejército. Varios menores fueron testigos de la maniobra de desaparación pretendida por los militares para ocultar la moto y el cuerpo del exguerrillero. Los acontecimientos ocurrieron el 22 de abril en la zona de Campo Alegre, del municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander. El Ministerio de Defensa, en cabeza de Guillermo Botero, informó irresponsablemente que falleció al recibir un disparo accidental, luego la versión giró a un forcejeo para terminar en las declaraciones del Fiscal Humberto Martínez: “se ha concluido que se trataría de un homicidio”.

Lo grave de la situación demuestra dos escenarios. El primero, enmarcado en el retroceso del ejército nacional y su política de transformación en tiempos de paz. Y la segunda, la complicidad y falta de rigurosidad del Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien sale a informar sobre hechos que no conoce, que son materia de investigación y de una cadena de custodia, así como a pretender encubrir un acto evidente y corroborado por otras instituciones. No quisiera uno pensar que los “perros de la guerra” quieren volver, pero las acciones demostradas no dan tranquilidad para el país. No es justo volver a la degradada guerra.

Lo sucedido con Dímar Torres es un acto sanguinario que busca disminuir no solamente a la persona sino a su grupo social, volver a la idea de la lucha contra el enemigo interno, a cantar vítores por la caída del contrario, a calificar de subsersivo todo aquello que no establezca una sumusión al poder de turno. Adicionalmente, instrumentalizar el cuerpo como lo hiceron las dictaduras del Cono Sur influencidas por la doctrina de seguridad nacional norteamericana y el proyecto contrainsurgente a través de acciones clandestinas con mayor impacto en la población civil.

Finalmente, no deja ser triste sentir el retroceso “perfecto” hacia la guerra. Antes de terminar estas líneas, las noticias luctuosas seguen llegando: asesinada María Teresa Flórez, líder social en Ocaña, Norte de Santander y Benedicto Valencia, líder comunal de la vereda Miraflores del Guayas, zona rural de Puerto Rico, Caquetá. ¿Seguiremos contando muertos en este gobierno pusilánime y cómplice? ¡Despertemos!

[1] Cfr. Ejército Nacional. Libro Histórico. En Plan Estratégico de Transformación Ejército del Futuro 1.0. Bogotá. 2016.

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